decreto-ley

Norma con rango de ley elaborada por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad y que se caracteriza por su peculiar procedimiento, dado que resulta obligada su convalidación posterior por el Congreso de los Diputados. A los decretos-leyes se dedica el art. 86 de la Constitución:

"Art. 86. 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-Leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral General.

2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia."

De la lectura de este artículo se desprende que la iniciativa en los decretos-leyes parte del Gobierno, que ante situaciones concretas de justificada necesidad adopta la medida de legislar, si bien debe tenerse en cuenta que no podrán afectar en ningún caso a las materias reservadas a ley orgánica. El decreto-ley elaborado por el ejecutivo se publicará en el BOE como cualquier otra disposición y desde ese momento es válido procediéndose a su aplicación. Sin embargo, se remite a las Cortes para que en el plazo de un mes el Congreso de los Diputados se pronuncie sobre su contenido total, es decir, convalidándolo o anulándolo "en bloque", sin que se puedan introducir correcciones o modificaciones parciales.

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