firma reconocida

La plasmada en un documento y que es admitida y reconocida como propia por el interesado al serle mostrado el documento a requerimiento judicial o extrajudicial. El reconocimiento de la firma tiene importantes consecuencias dado que implica la aceptación de la misma como propia y auténtica, a la vez que se acepta la validez y eficacia, con plenos efectos obligacionales, el contenido del documento firmado.

Los efectos son distintos según se trate de documentos públicos o privados. En los primeros, la firma estampada no precisa reconocimiento alguno, en primer lugar, porque los particulares suelen firmar en presencia del fedatario público autorizante, y en segundo, porque su simple intervención dota de autenticidad al documento. Los problemas se plantean en los documentos privados, pues éstos sólo tienen eficacia entre las partes y sus causahabientes, y si una de ellas al momento del cumplimiento o ejecución niega la autenticidad de la firma, no reconociéndola como propia, deberá procederse al reconocimiento judicial.
En cuanto al reconocimiento judicial de la firma, se obliga a la persona firmante a declarar si la firma es o no suya; pudiendo el Juez o Tribunal ante la negativa a dicha declaración entender como confesión ("ficta confessio") la autenticidad del documento. Por lo que respecta a los causahabientes, éstos sólo estarán obligados ante el requerimiento judicial de reconocimiento a declarar si saben que es o no es la firma de su causante, estipulándose idéntica solución ante la negativa injustificada. En los supuestos en que no se reconozca la firma por este procedimiento, podrá la parte interesada solicitar el cotejo de letras, que no es más que una prueba pericial tendente a reconocer la autenticidad de una firma, para lo cual, se formará un cuerpo de escritura ante el Juez, el cual decidirá oídos los peritos. Una vez reconocida judicialmente la firma de un documento privado, éste, llevará aparejado ejecución.

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