organismos autónomos

Los Organismos autónomos son entidades de Derecho público creadas por la Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes de los del Estado, a quienes se encomienda expresamente en régimen de descentralización la organización y administración de algún servicio público y de los fondos adscritos al mismo, el cumplimiento de actividades económicas al servicio de fines diversos y la administración de determinados bienes del Estado, ya sean patrimoniales o de dominio público.

Su creación habrá de ser autorizada necesariamente por Ley en la que se contendrá su reglamento o estatuto interno que establecerá sus funciones y competencias, los recursos asignados, órganos de dirección y gestión, bases de organización y dependencia del Ministerio correspondiente. No podrán realizar funciones que no tengan expresamente atribuidas ni aplicar los fondos a fines distintos de los asignados. Los bienes que el Estado adscriba a los Organismos autónomos conservarán su calificación jurídica originaria, sin adquirir su propiedad estando facultados únicamente para su utilización, uso y disfrute en cumplimiento de los fines que tienen asignados.

Los Organismos autónomos administrativos están sometidos a la Intervención General de la Administración del Estado, al objeto de controlar todos los actos, documentos y expedientes que den lugar al reconocimiento de derechos y de obligaciones de contenido económico. Igualmente la actividad de intervención se ejercerá en la ordenación de los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y en la recaudación, inversión, aplicación y empleo de los caudales públicos y cantidades destinadas a obras, suministros, adquisiciones y servicios.

Los Organismos autónomos comerciales, industriales, financieros o análogos acompañarán a sus presupuestos el estado de cuenta de operaciones comerciales, el estado de cuenta de explotación, el estado de financiamiento y el estado demostrativo de la variación del fondo de maniobra. Además, están sometidos al control económico-financiero de la Intervención General de la Administración del Estado mediante análisis del coste de funcionamiento y rendimiento o utilidad de los respectivos servicios o inversiones, así como del cumplimiento de los objetivos de los correspondientes programas.

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