procesos de privatizaciones

Desde la terminación de la II Guerra Mundial hasta principios de la década de los 80 se produjo en todo el mundo un proceso acelerado de trasvase de actividades económicas al Sector Público con muy diferentes argumentos, que afectó, tanto a los países de economía de mercado como de forma mucho más aguda, a los países de economía planificada gobernados por partidos de ideología marxista. En las economías más desarrolladas proliferaron cada vez más multitud de servicios públicos o publificados que fueron recargando notablemente los presupuestos y obligando a políticas fiscales con un crecimiento muy acelerado de la imposición, hasta alcanzar por diferentes cauces participaciones en el PIB bruto que se mueven entre el 40 y el 50 por ciento.

Las crisis de los años 70 y principios de los 80 pusieron de manifiesto unas estructuras empresariales públicas obsoletas y con muy baja calidad en la gestión y un bosque de servicios públicos en muchos casos con costes totalmente desproporcionados a los beneficios proporcionados a los ciudadanos o cuya justificación como tales servicios era más que dudosa. Pero al mismo tiempo, la propia crisis obligó a tomar a su cargo al sector público a sectores completos o a grandes empresas cuya viabilidad era imposible por su negativa rentabilidad y que para evitar graves conflictos sociales se mantuvieron.

La situación llegó a un punto en que no sólo era imposible seguir el crecimiento del sector público en numerosos países, sino que se imponía un cambio de política en busca de reducir los déficit presupuestarios y de buscar una mayor eficiencia en la gestión de un sinfín de actividades, tanto de servicios públicos como de empresas de los más diferentes sectores, que habían pasado al Sector Público en la mayoría de los casos sin unas razones de interés social o público de peso suficiente. Por otra parte, las empresas públicas deficitarias en buen número han estado recibiendo durante bastantes años cuantiosas subvenciones, no sólo de capital sino también de explotación, sin que planteamientos tales como los contratosprograma y otras fórmulas que trataban de equilibrar las cuentas de resultados dieran frutos. Este modusvivendi de cobertura de déficit año tras año, ha chocado en el caso de la Comunidad Económica Europea con las previsiones del propio Tratado de Roma, especialmente con lo dispuesto en sus artículos 92 y 93 sobre ayudas del Estado, cuyas previsiones abarcan también las ayudas concedidas por las autoridades regionales (Comunidades Autónomas, otras formas de gobierno regional) y locales, así como las financiaciones que no se ajusten a prácticas normales de una economía de mercado, como igualmente ha chocado el mantenimiento de los monopolios tradicionales con las normas del tratado relativas a la competencia en el marco del mercado único.

Es lo cierto que desde principios de los años 80 son numerosos los países que tienen que acomenter procesos de privatización para evitar una sangría enorme en las arcas públicas y para corregir los vicios que varias décadas de crecimiento del sector público habían arraigado, degradando los principios fundamentales de la gestión empresarial y de servicio, puesto que la responsabilidad por los resultados y la eficiencia se diluía, y se generalizaba la inhibición, al tiempo que los sindicatos con mayor peso no cesaban ni cesan, en donde el problema no está resuelto, en las demandas de mejoras de todo tipo sin consideración a contrapartidas de productividad o de eficiencia y obtención de resultados positivos. Por otra parte, en el marco de organizaciones supranacionales, como es el caso de la CEE, las privatizaciones de numerosas empresas públicas y supresión de monopolios se ha impuesto sin posible recurso para los países miembros.

No obstante, los procesos de privatización estuvieron y están sometidos a las políticas económicas que patrocinan los partidos gobernantes en cada país y, por consiguiente, no puede decirse que tales procesos de privatización sean generales en todos los países y sintonizados en el tiempo, e incluso que se realicen o hayan realizado con el pragmatismo suficiente. Al contrario, con frecuencia las teorías de las ideologías han pesado más que la racionalidad de la práxis económica y social a largo plazo. Queremos simplemente decir que los políticos, tratando de mantener y acrecentar su clientela actual, adoptan objetivos a muy corto plazo con harta frecuencia, y ello desvirtúa las soluciones que se aplican en muchos casos a las privatizaciones.

Esto es un fenómeno preocupante que no ha pasado desapercibido para los economistas mundiales de más renombre, que vaticinan que las privatizaciones producirán en los años próximos graves problemas si no se acometen con mucha más objetividad que la que se empleó en la publificación, ya que es la calidad de la gestión y la solvencia de los empresarios que se hagan cargo de las empresas o los servicios privatizados la que decidirá el resultado y el coste económico y político de esas decisiones. Todos reconocen que, en líneas generales, la privatización es necesaria en muchos casos, tanto por imperativo de reducir el gasto público y aminorar el endeudamiento, como por problemas de competencia en un marco de economía de mercado, y en muchos países, como son los del Este, por un viraje político drástico que debe crear un Sector privado de carácter productivo, ahora inexistente.

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